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12

jun 2026

Os damos la bienvenida

12 de Junio de 2026. Javier Moreno

Cada vez me ocurre de manera más habitual al caminar por el barrio, en el supermercado o en el parque. Ante la diversidad cultural latente en nuestro entorno, de manera inconsciente, me surge la pregunta: ¿Será una de las miles de personas que han nacido en nuestro país? ¿Tendrá su situación administrativa regularizada? ¿Vive pendiente de que le llegue la notificación que certifique la admisión a trámite de su solicitud? o, por el contrario, ¿no cumple ni siquiera con los requisitos exigidos en el actual proceso extraordinario de regularización que, le mantendrá al margen de un sistema que le niega su existencia pero le exige obligaciones? Hacerme estas preguntas, no está relacionado con la mera curiosidad de conocer las vidas de las personas con las que convivo, es más bien, una curiosidad ligada a la dignidad humana y la justicia social.


Y es, precisamente, el actual proceso extraordinario de regularización el que tiene que abrir la puerta a las personas migrantes a garantizar una serie de derechos, entre los que se encuentran los laborales. Un acto tan simple como firmar un contrato de trabajo, garantiza algo tan básico como tener una jornada laboral máxima, la garantía de que vas a cobrar un salario acorde a tu categoría profesional o trabajar de manera segura por lo recogido en la ley de prevención de riesgos laborales. En definitiva, contribuir a sacar a estas personas del anonimato y la economía sumergida haciéndoles visibles y, garantizando su contribución como el resto de personas trabajadoras, al sostenimiento de nuestro Estado de bienestar, con el pago de impuestos y cotizaciones a la seguridad social.

El ciclo económico expansivo que estamos viviendo actualmente, supone la necesidad de aumentar la masa laboral en un país, que sufre grandes problemas de despoblación, fuerte caída de la natalidad y la falta de relevo generacional, entre otros. La atracción de personas de otros países, supone un aumento de la población y, por tanto, la necesidad del fortalecimiento de los servicios públicos, en la misma proporción que aumenta esa población. Es obligación de las administraciones públicas garantizar la prestación de servicios públicos de calidad en materia de sanidad, enseñanza o servicios sociales.

No es cierto que la regularización en los términos que se está produciendo, este causando ese “efecto llamada” utilizado de manera intencionada. La realidad actual es que se ha revertido el fenómeno migratorio y ya no somos un país donde su población emigra a Latinoamérica o Europa, si no que, ahora nos hemos convertido en un país receptor, donde hay personas dispuestas a abandonar sus países de origen, sus culturas, en algunos casos sus idiomas o sus familias, eligiendo nuestro país para construir su proyecto de vida. Nos tenemos que sentir una sociedad afortunada por que otras personas venidas de otros países, contribuyan al enriquecimiento cultural, al impulso económico y al rejuvenecimiento de nuestra población. Más allá de caer en el utilitarismo, opino que la contribución de la migración a nuestra sociedad, es muy beneficiosa por numerosos motivos y que la integración social tiene que ser un proceso dinámico mutuo y reciproco. Vivimos en un país muy diverso. La diversidad es sinónimo de enriquecimiento.

El artículo primero de nuestra Constitución, define a nuestro país como un Estado social y Democrático de Derecho que promueve la libertad, la justicia y la igualdad. Bajo esa premisa, los poderes públicos tienen que garantizar que la política en materia migratoria vaya encaminada a conseguir la integración real y efectiva de las personas migrantes en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Es, precisamente esta tarea, el gran reto al que nos enfrentamos como sociedad en los próximos años. Depende de nosotros y nosotras, construir una sociedad más justa e igualitaria o, por lo contrario, avanzar hacía una sociedad donde se señale al diferente.

La migración tiene que ser legal, segura, ordenada, eficaz y con derechos.