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ene 2026

El di谩logo social es democracia

19 de Enero de 2026. Jos茅 Alberto Novoa

En esta semana, la Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha propuesto una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI), del 3,1%, en 2026, el equivalente a 37 € más al mes, hasta los 1.221 € brutos mensuales en 14 pagas, y que se mantenga sin tributar en el IRPF. Una medida esperada, que podría ser ejecutada, unilateralmente por el Gobierno de España, porque tiene la competencia para ello, pero que, sin embargo, como en ocasiones anteriores, por ejercicio democrático, lo ha hecho en el marco del diálogo social, de forma compartida con la CEOE y con los sindicatos CCOO y UGT.


Por su parte, la CEO y CEPYME, hace algunas semanas, realizó una propuesta de una nueva subida del salario mínimo interprofesional del 1,5%, situándolo en los 1.202 euros al mes en 14 pagas y sujeto a tributación en el IRPF y, además, condicionada a la absorción de complementos.

Más allá de las diferencias entre ambas propuestas, y las legítimas posiciones a favor o en contra de cada una de ellas, el hecho de ser propuestas que se exponen en un espacio de diálogo para iniciar un proceso de negociación colectiva entre actores que se reconocen mutuamente para ello, con el objetivo de llegar a un acuerdo, define lo que es el diálogo social: un proceso fundamental en las relaciones laborales y en la gobernanza socioeconómica, en el que participan, activamente, las administraciones públicas, las organizaciones empresariales y los sindicatos de clase más representativos.

Los principios del diálogo social se centran en la participación tripartita de gobiernos, empresas y trabajadores, de todos los niveles de la administración, en la libertad sindical, en la negociación colectiva, en la búsqueda de consensos, en la transparencia, en la escucha activa y en el respeto mutuo. Todo, con el objetivo de construir políticas económicas y sociales conjuntas, promover la cohesión y resolver conflictos de forma colaborativa, siendo un pilar fundamental de las democracias avanzadas.

La razón de ser del diálogo social está ligada a la construcción y consolidación democrática de España porque se ha ido desarrollando, a lo largo del tiempo, a partir de lo mandatado constitucionalmente.

Aunque no aparece expresamente en la Constitución Española, varios de sus artículos contienen los fundamentos constitucionales del diálogo social. Así, el artículo 7 reconoce el papel de las organizaciones sindicales y empresariales, situándolas casi al mismo nivel que los partidos políticos: “Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios (…)”

Por otro lado, el artículo 9.2 dice que “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Y el artículo 129.1, señala que “La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general”.

De forma similar, el diálogo social se ha ido desarrollando en las Comunidades Autónomas, siendo Castilla y León una de las que más y mejor ha consolidado este modelo de relaciones democráticas para el desarrollo de políticas laborales y económicas. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León de 2007 así lo demuestra, al contemplar la existencia del Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCYL) con naturaleza de institución propia y de «órgano colegiado de carácter consultivo y asesor en materia socioeconómica de la Comunidad Autónoma de Castilla y León» (artículos 19 y 81), que ya había sido creado, unos cuantos años antes, por la Ley 13/1990, de 28 de noviembre.

También el Estatuto de Autonomía de Castilla y León introduce, entre los Principios Rectores de las Políticas Públicas, en su artículo 16.4, «el fomento del diálogo social como factor de cohesión social y progreso económico, reconociendo el papel de los sindicatos y organizaciones empresariales como representantes de los intereses económicos y sociales que les son propios, a través de los marcos institucionales permanentes de encuentro entre la Junta de Castilla y León y dichos agentes sociales. Para ello podrá regularse un Consejo del Diálogo Social en Castilla y León».

Precisamente por esta última indicación, se aprobó la Ley 8/2008, de 16 de octubre, “para la creación del Consejo del Diálogo Social y Regulación de la Participación Institucional”, en la que queda definido “como máximo órgano de encuentro y participación institucional de los Agentes Económicos y Sociales y la Junta de Castilla y León, de carácter tripartito y adscrito a la Consejería competente en materia de ejecución de la legislación laboral”, según señala el artículo 1.1 de la citada ley.

Por tanto, el diálogo social es una herramienta fundamental para la justicia social y la estabilidad, que permite a gobiernos, empresas y trabajadores negociar, para construir consensos en políticas económicas y laborales, resolver conflictos y mejorar las condiciones de trabajo y la vida de las personas. Y ello, en todos los niveles de las administraciones públicas: estatal, autonómica, provincial y local.

La esencia del diálogo social coincide con la esencia de la democracia: el uso de la palabra y la propuesta como mecanismo para alcanzar acuerdos de convivencia. Ambos se basan en la participación, el consenso, la igualdad, la libertad de expresión y la resolución pacífica de conflictos. Todo lo contrario de lo que algunos pretenden, de forma violenta, para cambiar las relaciones entre los países, atentando contra el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas y las democracias liberales del mundo.

 

José Alberto Novoa. Secretario general de CCOO Ávila

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